Por mucho tiempo se creyó que la política se ganaba con estructuras, recursos y estrategias. El fútbol, una vez más, demuestra que hay algo más poderoso: el liderazgo.

Tras la derrota de Argelia frente a Argentina en el Mundial, el director técnico Vladimir Petković pronunció una serie de declaraciones que, aunque estaban referidas a Lionel Messi, podrían ser estudiadas en cualquier escuela de comunicación política.

Sus palabras fueron mucho más que el reconocimiento a una actuación deportiva extraordinaria. Fueron una descripción precisa de cómo funcionan el liderazgo, la autoridad y la influencia en la sociedad.

Mientras muchos analistas observaban los tres goles de Messi, Petković observaba algo más profundo. Observaba cómo un individuo era capaz de alterar por completo el comportamiento de todos los que estaban a su alrededor.

“A veces el fútbol te pone enfrente a un jugador capaz de destruir la mejor preparación con un solo toque de pelota”, afirmó.

La frase debería hacer reflexionar a más de un estratega político.

Durante años se ha insistido en que la comunicación política depende de planes, estudios, segmentación de públicos y campañas cuidadosamente diseñadas. Todo eso es importante, pero no es suficiente.

La historia demuestra que los ciudadanos rara vez recuerdan los planes. Recuerdan a los líderes.

Recuerdan a quienes fueron capaces de interpretar una época y darle dirección.

Los planes organizan. Los liderazgos movilizan.

Quizás la frase más reveladora de Petković fue cuando señaló que Messi “controló el partido como si el juego se moviera a la velocidad que él decidía”.

Eso es autoridad.

No la autoridad formal que otorga un cargo.

No la autoridad que se intenta imponer desde la propaganda.

La verdadera autoridad: aquella que hace que los demás adapten su comportamiento a tu presencia.

En política ocurre exactamente lo mismo.

Muchos dirigentes tienen poder. Muy pocos tienen autoridad.

Muchos ocupan cargos. Muy pocos generan confianza.

La autoridad no se comunica, se demuestra.

Otra reflexión extraordinaria surgió cuando Petković reconoció que Messi veía “pases, movimientos y oportunidades que nadie más en la cancha era capaz de ver”.

Allí aparece una de las diferencias esenciales entre un administrador y un líder. El administrador describe la realidad. El líder anticipa posibilidades.

El administrador reacciona a los acontecimientos. El líder ayuda a construir el futuro.

Hoy gran parte de la comunicación política está atrapada en la coyuntura. Responde a crisis, polémicas y conflictos diarios. Pero las sociedades no siguen a quienes explican mejor los problemas; siguen a quienes ofrecen una dirección.

La gente no busca únicamente diagnósticos, busca horizontes.

Sin embargo, la enseñanza más importante llegó después del tercer gol.

Petković confesó que miró a su banco de suplentes y encontró una sensación compartida de incredulidad. No porque estuvieran perdiendo, sino porque sentían que estaban presenciando algo especial.

Esa afirmación revela un fenómeno cada vez más escaso en la política contemporánea: la admiración.

Vivimos una época donde gran parte del debate público se construye sobre la descalificación permanente del adversario. Pareciera que la comunicación consiste únicamente en demostrar por qué el otro está equivocado.

Messi representa exactamente lo contrario.

Nadie lo admira porque critique mejor que los demás. Lo admiran porque hace cosas extraordinarias.

La grandeza no se construye atacando al rival; se construye elevando el propio desempeño.

Tal vez esa sea la principal lección que deja este Mundial para la política.

Las sociedades están cansadas de líderes que dedican toda su energía a explicar por qué los otros son culpables.

Necesitan líderes capaces de inspirar, orientar y generar confianza.

Porque al final, tanto en el fútbol como en la política, las estrategias son indispensables.

Pero son los liderazgos extraordinarios los que terminan cambiando la historia.

Quienes observan la crisis boliviana creen que el problema son los bloqueos, la inflación, la pugna entre líderes o la creciente polarización. Se equivocan. Esos son apenas los síntomas. La enfermedad es más profunda: la ruptura del pacto político que permitió la estabilidad del Estado durante las últimas décadas.

‎En el análisis que hace Maquiavelo en su obra Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio sostiene que las repúblicas no mueren por el conflicto. Mueren cuando dejan de transformar el conflicto en instituciones, acuerdos y leyes capaces de renovar el cuerpo político. Roma no fue grande porque evitó las disputas entre el pueblo y los poderosos; fue grande porque convirtió esas tensiones en una fuente de fortaleza y libertad. 

‎Bolivia enfrenta hoy una situación distinta. Los conflictos ya no producen reformas. Producen parálisis. Los actores políticos han dejado de pensar en el Estado y se han concentrado exclusivamente en la disputa por el poder.

‎El bloque popular atraviesa una crisis de dirección histórica. Durante años logró construir una narrativa nacional capaz de integrar a sectores indígenas, campesinos, obreros y urbanos. Sin embargo, las divisiones internas han debilitado su capacidad de representar un proyecto colectivo. La lucha entre caudillos ha reemplazado la construcción de un horizonte común. Ningún movimiento popular puede sobrevivir mucho tiempo cuando sus principales energías se consumen en disputas internas.

‎La oposición, por su parte, tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Gran parte de la derecha boliviana sigue apostando a que el desgaste gubernamental le entregue el poder por inercia. Es un error. Las crisis no se resuelven esperando el fracaso del adversario. Se resuelven construyendo una alternativa creíble. Gobernar exige algo más que denunciar; exige proponer.

‎El empresariado cruceño también debe revisar su papel. Ninguna economía prospera en un escenario de confrontación permanente. La defensa legítima de sus intereses no puede confundirse con una estrategia de veto constante al Estado. Tampoco el Estado puede seguir viendo al sector privado como un adversario permanente. Los países exitosos construyen alianzas productivas; los países estancados convierten cada diferencia económica en una batalla política.

‎Pero existe una responsabilidad aún mayor. Las élites políticas, económicas y sociales han olvidado una enseñanza fundamental de Roma: cuando la República entra en una etapa de deterioro, es necesario volver a sus principios fundacionales.

‎¿Cuáles son esos principios en Bolivia? Podemos decir que en la última etapa que se ha tenido mayor estabilidad, desde la recuperación de la democracia, fue: la inclusión social, la democracia intercultural, la convivencia entre regiones, la participación popular y la búsqueda de acuerdos mínimos para preservar la unidad nacional.

‎Ningún sector podrá imponer por sí solo una salida a la crisis. Ni el gobierno, ni la oposición, ni los movimientos sociales, ni los empresarios. Quien imagine una victoria absoluta probablemente terminará provocando una derrota colectiva.

‎La salida exige una nueva arquitectura política basada en tres pilares: diálogo efectivo, pacto económico nacional y renovación del liderazgo. Bolivia necesita menos caudillos y más estadistas; menos cálculo electoral y más visión de largo plazo.

‎Roma enseñó que los pueblos pueden sobrevivir a guerras, conflictos y crisis económicas. Lo que no sobreviven es a la incapacidad de sus dirigentes para pensar más allá de sus intereses inmediatos.

‎La pregunta que enfrenta Bolivia no es quién ganará está y la próxima disputa política. La verdadera pregunta es si sus actores tendrán la grandeza suficiente para salvar el Estado boliviano antes de que la población decida prescindir de ellos.

‎

Hay una verdad que los gobernantes suelen olvidar cuando el poder parece asegurado: los gobiernos no caen cuando aparecen los conflictos; caen cuando quienes gobiernan dejan de comprenderlos. 

Bolivia atraviesa una coyuntura donde la conflictividad ya no es un hecho excepcional, sino una condición permanente de la política. Bloqueos, disputas internas, confrontaciones sectoriales, crisis económica, incertidumbre institucional y una creciente desconfianza ciudadana forman parte de un escenario que revela algo más profundo: la pérdida progresiva de la capacidad del Estado para construir una autoridad legítima.

El principal error del gobierno no radica únicamente en las dificultades económicas o en la presión social. El problema central es político. Un gobernante prudente comprende que gobernar consiste en anticipar los conflictos, no en reaccionar a ellos cuando ya se han convertido en incendios de magnitud.

La administración nacional parece atrapada en una lógica defensiva. Cada crisis es abordada como un episodio aislado y no como parte de un fenómeno estructural. Se responde al bloqueo cuando el bloqueo ya paraliza al país. Se responde a la crítica cuando la narrativa adversa ya se ha instalado en la opinión pública. Se responde a la incertidumbre cuando el miedo ciudadano ya se ha transformado en descontento.

En política, llegar tarde equivale a perder.

Es aún más preocupante la gestión comunicacional. El gobierno parece haber confundido comunicación con propaganda. La primera busca generar credibilidad; la segunda intenta imponer una versión de los hechos. Cuando la realidad cotidiana de la población contradice el relato oficial, la propaganda deja de persuadir y comienza a erosionar la confianza.

Ningún ciudadano necesita que le expliquen que la economía está bien cuando percibe dificultades en los mercados, en los precios o en sus ingresos. Ningún mensaje institucional puede sustituir la experiencia concreta de la población. Cuando existe una brecha entre discurso y realidad, la realidad siempre vence.

Otro aspecto crítico es la fragmentación del poder político. Un gobernante fuerte no es aquel que acumula cargos o controla instituciones, sino aquel que logra cohesionar a sus aliados y reducir las disputas internas. Hoy, gran parte de la energía política nacional parece consumirse en conflictos dentro del propio campo oficialista. Mientras las facciones luchan por espacios de poder, la ciudadanía observa una dirigencia concentrada en sus disputas antes que en los problemas del país.

Durante nuestra historia reciente hemos podido advertir que los enemigos externos rara vez destruyen un gobierno sólido; son las divisiones internas las que abren las puertas de la derrota.

La conflictividad actual tampoco puede resolverse únicamente mediante medidas coercitivas. El uso de la fuerza puede despejar carreteras, pero no reconstruye legitimidad. Puede contener una protesta, pero no elimina las causas que la originaron. 

El poder duradero combina autoridad y consenso. Cuando uno de los dos elementos desaparece, el sistema comienza a debilitarse.

La gran pregunta es si el gobierno ha comprendido la magnitud del desafío. Porque la crisis boliviana ya no es solamente económica ni social. Es una crisis de conducción política. Y cuando una nación percibe que quienes gobiernan reaccionan más de lo que dirigen, la incertidumbre se convierte en el actor más poderoso del escenario.

Hoy, Bolivia parece gobernada más por los acontecimientos que por una estrategia capaz de dominarlos. Y cuando el poder deja de conducir los hechos para empezar a perseguirlos, comienza el verdadero riesgo para cualquier gobierno.

La historia demuestra que los pueblos pueden tolerar sacrificios y dificultades, tal como sucedió con la nivelación de precios de los combustibles. Lo que rara vez perdonan es la sensación de que nadie está al mando.

Rodrigo Paz prometió en campaña que cualquier medida económica sería "consensuada con los sectores sociales" y aplicada "de manera gradual y progresiva". A 39 días de asumir el mando, ese compromiso quedó sepultado bajo el Decreto Supremo 5503, un paquete de shock económico que sigue al pie de la letra el manual neoliberal más ortodoxo: ajuste inmediato sobre las espaldas de los más pobres, compensaciones insuficientes y temporales, e incentivos generosos para el capital concentrado.

La arquitectura del decreto revela con claridad quién paga la cuenta del ajuste. El diésel sube 162 por ciento de un día para otro, sin gradualidad ni consulta previa. Pensemos en una familia típica de La Paz: el padre maneja un minibús en transporte público, la madre vende salteñas en el mercado de Villa Fátima, tienen tres hijos en edad escolar. El transporte sindicalizado ya anunció que el pasaje urbano subirá a cinco bolivianos, más del doble del precio anterior. Para esta familia que antes gastaba 120 bolivianos mensuales en transporte, el nuevo costo alcanzará 300 bolivianos. Y en rutas interurbanas largas, los precios se están duplicando directamente. Para esta familia, el incremento del veinte por ciento en el salario mínimo es totalmente irrelevante porque ninguno de los dos padres está en planilla formal. Sus ingresos dependen de ventas diarias que ahora enfrentan costos disparados sin capacidad de trasladarlos al consumidor.

La vendedora de salteñas ilustra perfectamente la trampa. Debe pagar más por transportarse al mercado, más por la harina, la carne y las papas que usa como insumos porque todo se transporta con diésel encarecido. Si sube sus salteñas de dos a tres bolivianos, pierde clientela porque sus clientes también son pobres. Si mantiene el precio, trabaja sin ganancia. La única variable de ajuste es su propio margen de subsistencia: comer menos, trabajar más horas, reducir el tamaño del producto. Este mecanismo de compresión de ingresos reales en el sector informal es invisible para las estadísticas oficiales pero devastador para el ochenta por ciento de trabajadores bolivianos que operan fuera del sistema formal.

Las medidas compensatorias exhiben la misma lógica excluyente. El nuevo bono PEPE entrega 150 bolivianos mensuales durante solo doce meses, pero el encarecimiento de combustibles es permanente. Los aumentos a Renta Dignidad y Juancito Pinto llegan a poblaciones específicas mientras millones de trabajadores informales, jóvenes adultos y familias sin adultos mayores quedan completamente desprotegidos. 

Cuando calculamos el impacto real, una familia que recibe todas las compensaciones disponibles suma 850 bolivianos adicionales mensuales. Pero la proyección del INESAD de inflación hasta 32,3 por ciento significa que esa misma familia necesitará entre mil y mil doscientos bolivianos extra solo para mantener su nivel de consumo anterior. Las compensaciones no alcanzan ni para neutralizar el golpe.

Mientras tanto, el decreto incluye generosos incentivos para grandes inversores: depreciación acelerada de activos, estabilidad jurídica por quince años, facilidades para repatriación de capitales, nuevos regímenes tributarios simplificados. El mensaje es transparente: el Estado boliviano sacrifica subsidios que beneficiaban a toda la población para financiar incentivos que solo aprovecha el capital concentrado. Esta es la esencia del modelo neoliberal de ajuste: socializar las pérdidas entre los más vulnerables mientras se privatizan las ganancias futuras entre quienes tienen capacidad de inversión.

El impacto en zonas rurales completa el cuadro. Un agricultor del Valle Alto de Cochabamba que produce papa necesita diésel para su tractor, para transportar insumos y para llevar su cosecha al mercado. Labrar una hectárea que costaba 400 bolivianos en combustible ahora cuesta más de mil. Pero cuando lleve sus papas al mercado mayorista, el precio por quintal no habrá subido proporcionalmente porque ese precio lo determinan intermediarios y la oferta total. El resultado inevitable es que muchos pequeños agricultores reducirán su producción o abandonarán cultivos menos rentables, lo que a mediano plazo significa menor oferta de alimentos y presión adicional sobre precios al consumidor. Los productores pobres y los consumidores pobres se perjudican mutuamente sin que ninguno tenga capacidad de romper el ciclo.

Oxfam Bolivia y la Universidad Privada Boliviana advirtieron antes de la medida que la pobreza moderada aumentará 2,5 puntos porcentuales y la pobreza extrema 1,5 puntos, revirtiendo avances de dos décadas. Estos no son daños colaterales sino consecuencias previsibles de priorizar la estabilización macroeconómica por encima de la protección social. 

La promesa de gradualidad y consenso quedó enterrada bajo un decreto que se impuso sin diálogo real con la población que hoy a través de sus organizaciones sociales convocan a movilización nacional. El manual neoliberal se repite una vez más en América Latina: cuando llega la crisis, el ajuste siempre lo pagan los mismos, los más pobres.

Por Juan Carlos Segales

Especialista en Comunicación Política

Han pasado exactamente 30 días desde que Rodrigo Paz juró como presidente de Bolivia prometiendo sacar al país de "la peor crisis en cuatro décadas". Un mes después, su gobierno no solo no ha resuelto ninguno de los problemas heredados, sino que ha añadido nuevos: dos muertos en Cotapachi, represión a personas con discapacidad, una ruptura escandalosa con su vicepresidente, y la obscenidad política de regalar beneficios fiscales a los millonarios mientras las madres de familia protestan porque no pueden comprar pan.

Desde la perspectiva de la comunicación política, la gestión gubernamental y de crisis, lo que estamos presenciando es un manual de errores, una masterclass al revés de todo lo que NO debe hacerse cuando se asume el poder en medio de una tormenta económica y social.

La crisis del combustible

Toda gestión de crisis empieza con un principio sagrado: nunca mentir sobre los hechos. Paz violó este principio desde el primer día. En su discurso inaugural del 8 de noviembre, el presidente anunció triunfalmente que "desde anoche están entrando cisternas con diésel y gasolina a Bolivia", pintando la imagen de un problema resuelto por la simple voluntad del nuevo gobierno.

Un mes después, vemos que productores soyeros amenazan con tomar pozos petroleros por falta de diésel. Transportistas colapsan avenidas haciendo fila por combustible. Las promesas del gobierno se revelan como lo que fueron: un espejismo temporal, una operación cosmética para generar titulares positivos en los primeros días.

El costo comunicacional de esta mentira es devastador. Cuando un gobierno promete resolver un problema urgente y fracasa tan estrepitosamente, no solo pierde credibilidad en ese tema específico: pierde credibilidad en todo. Si mintieron sobre el combustible, ¿por qué creerles cuando hablan de la economía, los dólares, la inflación?

En comunicación de crisis, esto se llama "erosión del capital de confianza". Y una vez que ese capital se agota, es casi imposible recuperarlo.

El impacto comunicacional de la eliminación de los impuestos a las grandes fortunas 

Pero si la mentira del combustible fue el pecado original, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas es el suicidio político. Mientras el pan sube a 80 centavos y las familias bolivianas ven cómo la canasta básica se incrementa entre 22% y 38% en el último año, el gobierno de Paz decidió que su prioridad era beneficiar fiscalmente a quienes tienen patrimonios superiores a los 4,3 millones de dólares.

Déjenme ser claro: no estoy entrando al debate técnico sobre si este impuesto era eficiente o no. Estoy hablando de comunicación política y gestión de percepción pública. Y la percepción que esta medida genera es letal: un gobierno que dice ser "para todos" pero que en la práctica sirve a los de arriba mientras los de abajo se ahogan.

La Confederación de Empresarios celebró la medida. La Fejuve de La Paz salió a las calles a protestar. ¿De qué lado quiere estar un gobierno? La respuesta del equipo de Paz es clara: del lado del empresariado. Y eso tiene un costo político brutal en un país donde la mayoría no son empresarios.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, justificó la medida argumentando que estos cuatro impuestos "no representan más del 1% de la recaudación fiscal". Perfecto. Entonces tampoco habrá impacto significativo en mantenerlos. Lo que sí hay es un impacto comunicacional gigantesco en eliminarlos justo cuando el pueblo está sufriendo.

La captura del Estado, Doria Medina en las sombras

Y aquí llegamos a uno de los secretos a voces más explosivos de este primer mes: Samuel Doria Medina, quien obtuvo apenas 20% de los votos y ni siquiera llegó al balotaje, controla los principales resortes del gobierno de Paz.

José Luis Lupo, ministro de la Presidencia (el cargo político más importante del gabinete), fue candidato a vicepresidente de Doria Medina. José Gabriel Espinoza, el "superministro" de Economía que acaba de regalarle beneficios fiscales a los ricos, es del equipo de Doria Medina. Cinthya Yáñez, ministra de Turismo, fue delegada de confianza de Doria Medina.

No hace falta ser un teórico de la conspiración para conectar los puntos: el empresario millonario que perdió las elecciones está gobernando desde las sombras a través de su gente estratégicamente ubicada en los ministerios clave.

El vicepresidente Edmand Lara lo ha denunciado públicamente: "Mientras Samuel Doria Medina siga controlando a Rodrigo Paz, yo prefiero no meterme". Y aunque Lara tiene sus propias motivaciones políticas para hacer estas acusaciones, los hechos le dan la razón. La composición del gabinete no es casualidad. Es captura del Estado.

En términos de comunicación política, esto destruye cualquier narrativa de "gobierno del pueblo". Paz ya no es percibido como el presidente independiente que prometió ser, sino como un títere del empresariado cruceño que gobierna para sus patrones, no para sus electores.

La sangre que no se lava

El 6 de diciembre, efectivos de la UTOP gasificaron a personas con discapacidad que protestaban por el traslado del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad. Las imágenes son insoportables: ciudadanos en sillas de ruedas, con muletas, siendo reprimidos por la policía de un gobierno que tiene apenas tres semanas en el poder.

Este 8 de diciembre, dos personas murieron en enfrentamientos entre policías y comunarios en Cotapachi, Cochabamba, en un operativo de desbloqueo del acceso al botadero municipal. Dos bolivianos muertos en el primer mes de un gobierno que prometía cambio y renovación.

Desde la perspectiva de la comunicación gubernamental, esto es sencillamente irrecuperable. No hay estrategia de relaciones públicas, no hay vocero hábil, no hay campaña de redes sociales que pueda lavar la imagen de un gobierno que gasifica a discapacitados y tiene muertos a los 30 días de gestión.

En comunicación de crisis, existe el concepto de "eventos definitorios": momentos que marcan permanentemente la percepción pública de un gobierno. Estos dos hechos —la represión a discapacitados y los muertos de Cotapachi— son eventos definitorios. El gobierno de Paz quedará marcado por ellos, y cada vez que alguien evalúe esta administración, estos hechos estarán en el centro del relato.

Una guerra fraticida

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el gobierno de Paz tiene el dudoso honor de exhibir la ruptura más escandalosa entre un presidente y su vicepresidente en la historia democrática reciente de Bolivia.

Edmand Lara no solo critica las decisiones del gobierno: lo hace públicamente, a través de TikTok, llamando a Paz "mentiroso" y "cínico", afirmando que "no ha solucionado ningún problema de la gente", y declarando abiertamente que "ya no es parte de ese gobierno".

Déjenme ser claro: esto no es una discrepancia política normal. Esto es una ruptura total, una guerra abierta entre las dos cabezas del Ejecutivo a solo tres semanas de haber asumido.

Desde el punto de vista de la gestión de comunicación gubernamental, esto es catastrófico porque rompe el principio fundamental de "unidad del mensaje". Un gobierno puede sobrevivir muchas cosas —crisis económicas, protestas sociales, incluso escándalos de corrupción— pero es casi imposible gobernar cuando tu segundo al mando te ataca públicamente todos los días.

Cada conferencia de prensa del gobierno se convierte en un interrogatorio sobre "¿qué opina de las críticas de su vicepresidente?". Cada anuncio presidencial es inmediatamente contrastado con las declaraciones de Lara. El mensaje gubernamental está fracturado, la imagen de autoridad destruida, la capacidad de liderazgo cuestionada.

Paz ha intentado minimizar el conflicto, diciendo que su relación con Lara será "estrictamente institucional". Pero esa frase, que busca proyectar madurez y profesionalismo, en realidad confirma la ruptura. Están juntos por obligación constitucional, no por convicción política. Y eso se nota.

Análisis Final

En comunicación de crisis existe un principio fundamental: quien pierde el control del relato, pierde legitimidad. Y quien pierde legitimidad en medio de una crisis económica y social, pierde la capacidad de gobernar.

Si en 10 años alguien escribe un libro sobre gestión de crisis de comunicación política en Bolivia, el primer mes del gobierno de Rodrigo Paz será el caso de estudio de cómo NO hacerlo.

Será el ejemplo perfecto de cómo un gobierno puede llegar con esperanza, expectativa y capital político, y destruirlo todo en tiempo récord por una combinación tóxica de incompetencia comunicacional, prioridades equivocadas, violencia estatal y fracturas internas.

La tragedia es que esto era evitable. Cada uno de estos errores pudo haberse prevenido con una estrategia básica de comunicación de crisis: no mentir, priorizar a las mayorías, evitar la violencia, mantener cohesión interna, demostrar autonomía política.

Pero el gobierno de Paz eligió el camino contrario en cada encrucijada. Y ahora paga el precio.

La pregunta ya no es si este gobierno puede recuperarse. La pregunta es cuánto tiempo más puede sobrevivir antes de que el peso acumulado de estas crisis convergentes lo aplaste definitivamente.

En 30 días, el gobierno de Rodrigo Paz consiguió lo que muchos gobiernos tardan años en lograr: erosionar completamente su capital político, perder credibilidad con todos los sectores, mancharse con sangre, y quedar expuesto como un proyecto capturado por élites empresariales.

Si esto es el primer mes, uno no se atreve a imaginar qué nos espera en los siguientes 59 meses de mandato. O si es que llegan.

Carla Faval | Foto: La Voz de Tarija

 Por: Juan Carlos Segales L.*

La comunicación gubernamental del presidente Rodrigo Paz se ha caracterizado por decisiones estructurales y operativas que, lejos de fortalecer la relación con la ciudadanía, han profundizado una crisis de credibilidad y coordinación interna. La eliminación del Viceministerio de Comunicación no solo fue un error estratégico: fue una señal inequívoca de que el gobierno subestima el valor político de la comunicación. Como advierte Riorda (2016), “la estructura comunicacional define en gran medida la capacidad de un gobierno para construir gobernabilidad”. La reestructuración del Ministerio de la Presidencia, que suprimió específicamente las instancias encargadas de esta área, expuso una visión reduccionista sobre un componente esencial de la gestión estatal.

La decisión de reemplazar el Viceministerio por una Dirección de Vocería Presidencial, encabezada por Carla Faval, ha demostrado ser insuficiente tanto en capacidad operativa como en autoridad institucional. Crespo recuerda que “una vocería efectiva requiere no solo portavoces capacitados, sino una estructura institucional que les proporcione autoridad y respaldo técnico”. Esto no se ha visto. Sus intervenciones públicas, basadas casi exclusivamente en la lectura de comunicados y respuestas breves ante temas de alto interés ciudadano, evidencian una preparación limitada. Como señala Elizalde (2019), “la falta de preparación de los voceros y la ausencia de una estructura sólida deriva inevitablemente en crisis de credibilidad institucional”. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. 

A ello se suma la ausencia total de una narrativa unificada. La crisis pública con el vicepresidente Edman Lara es la expresión más crítica de este vacío. No se trata de un desencuentro personal, sino de la ruptura visible de un binomio gubernamental sin un relato común que ordene su acción pública. Riorda es claro: “la construcción de un relato unificado es condición sine qua non para cualquier gobierno que aspire a mantener cohesión interna y legitimidad externa”. Cuando el vicepresidente utiliza sus redes para cuestionar decisiones del propio gobierno, queda en evidencia la falta de una estrategia comunicacional cohesionada.

Otro punto crítico es la suspensión de la Agencia Boliviana de Información (ABI), históricamente un referente para los medios privados, y la decisión de transformar Ahora El Pueblo en un medio exclusivamente digital. Ambas medidas debilitan gravemente la capacidad comunicacional del Estado. No solo se desmantelan canales clave de información pública, sino que se renuncia a herramientas fundamentales para construir narrativa gubernamental. Crespo subraya que los medios estatales, cuando son gestionados con criterio profesional y no partidista, son herramientas insustituibles para la construcción de capital simbólico gubernamental (2018). En un ecosistema dominado por redes sociales y medios privados, prescindir de estos instrumentos equivale a un acto de desarme comunicacional. 

Para revertir este escenario, el gobierno de Rodrigo Paz necesita implementar con urgencia lo que Elizalde denomina una “comunicación gubernamental 360°”: un modelo que reconstruya la capacidad institucional, unifique la narrativa y recupere la iniciativa en el espacio público. Esto implica restablecer una instancia rectora de comunicación estatal con rango viceministerial, dotada de autoridad real para coordinar mensajes y orientar el discurso gubernamental.

También es crucial desarrollar un auténtico “mito de gobierno”, una narrativa que dé sentido a las medidas adoptadas y proyecte un horizonte claro sobre el futuro que se quiere construir. Sin un relato convincente, no hay cohesión interna ni legitimidad social posible. 

Finalmente, la reactivación de ABI —más urgente incluso que la de Ahora El Pueblo— permitiría al gobierno recuperar capacidad de agenda y reconstruir un canal directo, confiable y profesional con la ciudadanía.

La comunicación gubernamental no es un gasto accesorio, es una inversión indispensable en gobernabilidad. Ignorarla es un lujo que ninguna administración, y menos una tan frágil como la actual, puede permitirse.