La comunicación que no comunica: el desorden que golpea al gobierno de Rodrigo Paz

Carla Faval | Foto: La Voz de Tarija

 Por: Juan Carlos Segales L.*

La comunicación gubernamental del presidente Rodrigo Paz se ha caracterizado por decisiones estructurales y operativas que, lejos de fortalecer la relación con la ciudadanía, han profundizado una crisis de credibilidad y coordinación interna. La eliminación del Viceministerio de Comunicación no solo fue un error estratégico: fue una señal inequívoca de que el gobierno subestima el valor político de la comunicación. Como advierte Riorda (2016), “la estructura comunicacional define en gran medida la capacidad de un gobierno para construir gobernabilidad”. La reestructuración del Ministerio de la Presidencia, que suprimió específicamente las instancias encargadas de esta área, expuso una visión reduccionista sobre un componente esencial de la gestión estatal.

La decisión de reemplazar el Viceministerio por una Dirección de Vocería Presidencial, encabezada por Carla Faval, ha demostrado ser insuficiente tanto en capacidad operativa como en autoridad institucional. Crespo recuerda que “una vocería efectiva requiere no solo portavoces capacitados, sino una estructura institucional que les proporcione autoridad y respaldo técnico”. Esto no se ha visto. Sus intervenciones públicas, basadas casi exclusivamente en la lectura de comunicados y respuestas breves ante temas de alto interés ciudadano, evidencian una preparación limitada. Como señala Elizalde (2019), “la falta de preparación de los voceros y la ausencia de una estructura sólida deriva inevitablemente en crisis de credibilidad institucional”. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. 

A ello se suma la ausencia total de una narrativa unificada. La crisis pública con el vicepresidente Edman Lara es la expresión más crítica de este vacío. No se trata de un desencuentro personal, sino de la ruptura visible de un binomio gubernamental sin un relato común que ordene su acción pública. Riorda es claro: “la construcción de un relato unificado es condición sine qua non para cualquier gobierno que aspire a mantener cohesión interna y legitimidad externa”. Cuando el vicepresidente utiliza sus redes para cuestionar decisiones del propio gobierno, queda en evidencia la falta de una estrategia comunicacional cohesionada.

Otro punto crítico es la suspensión de la Agencia Boliviana de Información (ABI), históricamente un referente para los medios privados, y la decisión de transformar Ahora El Pueblo en un medio exclusivamente digital. Ambas medidas debilitan gravemente la capacidad comunicacional del Estado. No solo se desmantelan canales clave de información pública, sino que se renuncia a herramientas fundamentales para construir narrativa gubernamental. Crespo subraya que los medios estatales, cuando son gestionados con criterio profesional y no partidista, son herramientas insustituibles para la construcción de capital simbólico gubernamental (2018). En un ecosistema dominado por redes sociales y medios privados, prescindir de estos instrumentos equivale a un acto de desarme comunicacional. 

Para revertir este escenario, el gobierno de Rodrigo Paz necesita implementar con urgencia lo que Elizalde denomina una “comunicación gubernamental 360°”: un modelo que reconstruya la capacidad institucional, unifique la narrativa y recupere la iniciativa en el espacio público. Esto implica restablecer una instancia rectora de comunicación estatal con rango viceministerial, dotada de autoridad real para coordinar mensajes y orientar el discurso gubernamental.

También es crucial desarrollar un auténtico “mito de gobierno”, una narrativa que dé sentido a las medidas adoptadas y proyecte un horizonte claro sobre el futuro que se quiere construir. Sin un relato convincente, no hay cohesión interna ni legitimidad social posible. 

Finalmente, la reactivación de ABI —más urgente incluso que la de Ahora El Pueblo— permitiría al gobierno recuperar capacidad de agenda y reconstruir un canal directo, confiable y profesional con la ciudadanía.

La comunicación gubernamental no es un gasto accesorio, es una inversión indispensable en gobernabilidad. Ignorarla es un lujo que ninguna administración, y menos una tan frágil como la actual, puede permitirse.