El naufragio anunciado: crónica de 30 días de desastre comunicacional en el gobierno Paz-Lara

Por Juan Carlos Segales

Especialista en Comunicación Política

Han pasado exactamente 30 días desde que Rodrigo Paz juró como presidente de Bolivia prometiendo sacar al país de "la peor crisis en cuatro décadas". Un mes después, su gobierno no solo no ha resuelto ninguno de los problemas heredados, sino que ha añadido nuevos: dos muertos en Cotapachi, represión a personas con discapacidad, una ruptura escandalosa con su vicepresidente, y la obscenidad política de regalar beneficios fiscales a los millonarios mientras las madres de familia protestan porque no pueden comprar pan.

Desde la perspectiva de la comunicación política, la gestión gubernamental y de crisis, lo que estamos presenciando es un manual de errores, una masterclass al revés de todo lo que NO debe hacerse cuando se asume el poder en medio de una tormenta económica y social.

La crisis del combustible

Toda gestión de crisis empieza con un principio sagrado: nunca mentir sobre los hechos. Paz violó este principio desde el primer día. En su discurso inaugural del 8 de noviembre, el presidente anunció triunfalmente que "desde anoche están entrando cisternas con diésel y gasolina a Bolivia", pintando la imagen de un problema resuelto por la simple voluntad del nuevo gobierno.

Un mes después, vemos que productores soyeros amenazan con tomar pozos petroleros por falta de diésel. Transportistas colapsan avenidas haciendo fila por combustible. Las promesas del gobierno se revelan como lo que fueron: un espejismo temporal, una operación cosmética para generar titulares positivos en los primeros días.

El costo comunicacional de esta mentira es devastador. Cuando un gobierno promete resolver un problema urgente y fracasa tan estrepitosamente, no solo pierde credibilidad en ese tema específico: pierde credibilidad en todo. Si mintieron sobre el combustible, ¿por qué creerles cuando hablan de la economía, los dólares, la inflación?

En comunicación de crisis, esto se llama "erosión del capital de confianza". Y una vez que ese capital se agota, es casi imposible recuperarlo.

El impacto comunicacional de la eliminación de los impuestos a las grandes fortunas 

Pero si la mentira del combustible fue el pecado original, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas es el suicidio político. Mientras el pan sube a 80 centavos y las familias bolivianas ven cómo la canasta básica se incrementa entre 22% y 38% en el último año, el gobierno de Paz decidió que su prioridad era beneficiar fiscalmente a quienes tienen patrimonios superiores a los 4,3 millones de dólares.

Déjenme ser claro: no estoy entrando al debate técnico sobre si este impuesto era eficiente o no. Estoy hablando de comunicación política y gestión de percepción pública. Y la percepción que esta medida genera es letal: un gobierno que dice ser "para todos" pero que en la práctica sirve a los de arriba mientras los de abajo se ahogan.

La Confederación de Empresarios celebró la medida. La Fejuve de La Paz salió a las calles a protestar. ¿De qué lado quiere estar un gobierno? La respuesta del equipo de Paz es clara: del lado del empresariado. Y eso tiene un costo político brutal en un país donde la mayoría no son empresarios.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, justificó la medida argumentando que estos cuatro impuestos "no representan más del 1% de la recaudación fiscal". Perfecto. Entonces tampoco habrá impacto significativo en mantenerlos. Lo que sí hay es un impacto comunicacional gigantesco en eliminarlos justo cuando el pueblo está sufriendo.

La captura del Estado, Doria Medina en las sombras

Y aquí llegamos a uno de los secretos a voces más explosivos de este primer mes: Samuel Doria Medina, quien obtuvo apenas 20% de los votos y ni siquiera llegó al balotaje, controla los principales resortes del gobierno de Paz.

José Luis Lupo, ministro de la Presidencia (el cargo político más importante del gabinete), fue candidato a vicepresidente de Doria Medina. José Gabriel Espinoza, el "superministro" de Economía que acaba de regalarle beneficios fiscales a los ricos, es del equipo de Doria Medina. Cinthya Yáñez, ministra de Turismo, fue delegada de confianza de Doria Medina.

No hace falta ser un teórico de la conspiración para conectar los puntos: el empresario millonario que perdió las elecciones está gobernando desde las sombras a través de su gente estratégicamente ubicada en los ministerios clave.

El vicepresidente Edmand Lara lo ha denunciado públicamente: "Mientras Samuel Doria Medina siga controlando a Rodrigo Paz, yo prefiero no meterme". Y aunque Lara tiene sus propias motivaciones políticas para hacer estas acusaciones, los hechos le dan la razón. La composición del gabinete no es casualidad. Es captura del Estado.

En términos de comunicación política, esto destruye cualquier narrativa de "gobierno del pueblo". Paz ya no es percibido como el presidente independiente que prometió ser, sino como un títere del empresariado cruceño que gobierna para sus patrones, no para sus electores.

La sangre que no se lava

El 6 de diciembre, efectivos de la UTOP gasificaron a personas con discapacidad que protestaban por el traslado del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad. Las imágenes son insoportables: ciudadanos en sillas de ruedas, con muletas, siendo reprimidos por la policía de un gobierno que tiene apenas tres semanas en el poder.

Este 8 de diciembre, dos personas murieron en enfrentamientos entre policías y comunarios en Cotapachi, Cochabamba, en un operativo de desbloqueo del acceso al botadero municipal. Dos bolivianos muertos en el primer mes de un gobierno que prometía cambio y renovación.

Desde la perspectiva de la comunicación gubernamental, esto es sencillamente irrecuperable. No hay estrategia de relaciones públicas, no hay vocero hábil, no hay campaña de redes sociales que pueda lavar la imagen de un gobierno que gasifica a discapacitados y tiene muertos a los 30 días de gestión.

En comunicación de crisis, existe el concepto de "eventos definitorios": momentos que marcan permanentemente la percepción pública de un gobierno. Estos dos hechos —la represión a discapacitados y los muertos de Cotapachi— son eventos definitorios. El gobierno de Paz quedará marcado por ellos, y cada vez que alguien evalúe esta administración, estos hechos estarán en el centro del relato.

Una guerra fraticida

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el gobierno de Paz tiene el dudoso honor de exhibir la ruptura más escandalosa entre un presidente y su vicepresidente en la historia democrática reciente de Bolivia.

Edmand Lara no solo critica las decisiones del gobierno: lo hace públicamente, a través de TikTok, llamando a Paz "mentiroso" y "cínico", afirmando que "no ha solucionado ningún problema de la gente", y declarando abiertamente que "ya no es parte de ese gobierno".

Déjenme ser claro: esto no es una discrepancia política normal. Esto es una ruptura total, una guerra abierta entre las dos cabezas del Ejecutivo a solo tres semanas de haber asumido.

Desde el punto de vista de la gestión de comunicación gubernamental, esto es catastrófico porque rompe el principio fundamental de "unidad del mensaje". Un gobierno puede sobrevivir muchas cosas —crisis económicas, protestas sociales, incluso escándalos de corrupción— pero es casi imposible gobernar cuando tu segundo al mando te ataca públicamente todos los días.

Cada conferencia de prensa del gobierno se convierte en un interrogatorio sobre "¿qué opina de las críticas de su vicepresidente?". Cada anuncio presidencial es inmediatamente contrastado con las declaraciones de Lara. El mensaje gubernamental está fracturado, la imagen de autoridad destruida, la capacidad de liderazgo cuestionada.

Paz ha intentado minimizar el conflicto, diciendo que su relación con Lara será "estrictamente institucional". Pero esa frase, que busca proyectar madurez y profesionalismo, en realidad confirma la ruptura. Están juntos por obligación constitucional, no por convicción política. Y eso se nota.

Análisis Final

En comunicación de crisis existe un principio fundamental: quien pierde el control del relato, pierde legitimidad. Y quien pierde legitimidad en medio de una crisis económica y social, pierde la capacidad de gobernar.

Si en 10 años alguien escribe un libro sobre gestión de crisis de comunicación política en Bolivia, el primer mes del gobierno de Rodrigo Paz será el caso de estudio de cómo NO hacerlo.

Será el ejemplo perfecto de cómo un gobierno puede llegar con esperanza, expectativa y capital político, y destruirlo todo en tiempo récord por una combinación tóxica de incompetencia comunicacional, prioridades equivocadas, violencia estatal y fracturas internas.

La tragedia es que esto era evitable. Cada uno de estos errores pudo haberse prevenido con una estrategia básica de comunicación de crisis: no mentir, priorizar a las mayorías, evitar la violencia, mantener cohesión interna, demostrar autonomía política.

Pero el gobierno de Paz eligió el camino contrario en cada encrucijada. Y ahora paga el precio.

La pregunta ya no es si este gobierno puede recuperarse. La pregunta es cuánto tiempo más puede sobrevivir antes de que el peso acumulado de estas crisis convergentes lo aplaste definitivamente.

En 30 días, el gobierno de Rodrigo Paz consiguió lo que muchos gobiernos tardan años en lograr: erosionar completamente su capital político, perder credibilidad con todos los sectores, mancharse con sangre, y quedar expuesto como un proyecto capturado por élites empresariales.

Si esto es el primer mes, uno no se atreve a imaginar qué nos espera en los siguientes 59 meses de mandato. O si es que llegan.