Rodrigo Paz prometió en campaña que cualquier medida económica sería "consensuada con los sectores sociales" y aplicada "de manera gradual y progresiva". A 39 días de asumir el mando, ese compromiso quedó sepultado bajo el Decreto Supremo 5503, un paquete de shock económico que sigue al pie de la letra el manual neoliberal más ortodoxo: ajuste inmediato sobre las espaldas de los más pobres, compensaciones insuficientes y temporales, e incentivos generosos para el capital concentrado.

La arquitectura del decreto revela con claridad quién paga la cuenta del ajuste. El diésel sube 162 por ciento de un día para otro, sin gradualidad ni consulta previa. Pensemos en una familia típica de La Paz: el padre maneja un minibús en transporte público, la madre vende salteñas en el mercado de Villa Fátima, tienen tres hijos en edad escolar. El transporte sindicalizado ya anunció que el pasaje urbano subirá a cinco bolivianos, más del doble del precio anterior. Para esta familia que antes gastaba 120 bolivianos mensuales en transporte, el nuevo costo alcanzará 300 bolivianos. Y en rutas interurbanas largas, los precios se están duplicando directamente. Para esta familia, el incremento del veinte por ciento en el salario mínimo es totalmente irrelevante porque ninguno de los dos padres está en planilla formal. Sus ingresos dependen de ventas diarias que ahora enfrentan costos disparados sin capacidad de trasladarlos al consumidor.

La vendedora de salteñas ilustra perfectamente la trampa. Debe pagar más por transportarse al mercado, más por la harina, la carne y las papas que usa como insumos porque todo se transporta con diésel encarecido. Si sube sus salteñas de dos a tres bolivianos, pierde clientela porque sus clientes también son pobres. Si mantiene el precio, trabaja sin ganancia. La única variable de ajuste es su propio margen de subsistencia: comer menos, trabajar más horas, reducir el tamaño del producto. Este mecanismo de compresión de ingresos reales en el sector informal es invisible para las estadísticas oficiales pero devastador para el ochenta por ciento de trabajadores bolivianos que operan fuera del sistema formal.

Las medidas compensatorias exhiben la misma lógica excluyente. El nuevo bono PEPE entrega 150 bolivianos mensuales durante solo doce meses, pero el encarecimiento de combustibles es permanente. Los aumentos a Renta Dignidad y Juancito Pinto llegan a poblaciones específicas mientras millones de trabajadores informales, jóvenes adultos y familias sin adultos mayores quedan completamente desprotegidos. 

Cuando calculamos el impacto real, una familia que recibe todas las compensaciones disponibles suma 850 bolivianos adicionales mensuales. Pero la proyección del INESAD de inflación hasta 32,3 por ciento significa que esa misma familia necesitará entre mil y mil doscientos bolivianos extra solo para mantener su nivel de consumo anterior. Las compensaciones no alcanzan ni para neutralizar el golpe.

Mientras tanto, el decreto incluye generosos incentivos para grandes inversores: depreciación acelerada de activos, estabilidad jurídica por quince años, facilidades para repatriación de capitales, nuevos regímenes tributarios simplificados. El mensaje es transparente: el Estado boliviano sacrifica subsidios que beneficiaban a toda la población para financiar incentivos que solo aprovecha el capital concentrado. Esta es la esencia del modelo neoliberal de ajuste: socializar las pérdidas entre los más vulnerables mientras se privatizan las ganancias futuras entre quienes tienen capacidad de inversión.

El impacto en zonas rurales completa el cuadro. Un agricultor del Valle Alto de Cochabamba que produce papa necesita diésel para su tractor, para transportar insumos y para llevar su cosecha al mercado. Labrar una hectárea que costaba 400 bolivianos en combustible ahora cuesta más de mil. Pero cuando lleve sus papas al mercado mayorista, el precio por quintal no habrá subido proporcionalmente porque ese precio lo determinan intermediarios y la oferta total. El resultado inevitable es que muchos pequeños agricultores reducirán su producción o abandonarán cultivos menos rentables, lo que a mediano plazo significa menor oferta de alimentos y presión adicional sobre precios al consumidor. Los productores pobres y los consumidores pobres se perjudican mutuamente sin que ninguno tenga capacidad de romper el ciclo.

Oxfam Bolivia y la Universidad Privada Boliviana advirtieron antes de la medida que la pobreza moderada aumentará 2,5 puntos porcentuales y la pobreza extrema 1,5 puntos, revirtiendo avances de dos décadas. Estos no son daños colaterales sino consecuencias previsibles de priorizar la estabilización macroeconómica por encima de la protección social. 

La promesa de gradualidad y consenso quedó enterrada bajo un decreto que se impuso sin diálogo real con la población que hoy a través de sus organizaciones sociales convocan a movilización nacional. El manual neoliberal se repite una vez más en América Latina: cuando llega la crisis, el ajuste siempre lo pagan los mismos, los más pobres.